¿Quién Debe Pagar los Test de Covid-19?: Obra social, Estado o Particulares

Las pruebas para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2 son un paso importante para enfrentar esta crisis de salud. Pero también son caras.

Una prueba de PCR (la más precisa para determinar si una persona está infectada) cuesta entre 4.500 y 5.000 pesos; los tests rápidos de covid de antígeno, 2000 mil pesos y el análisis serológico para determinación de anticuerpos también 2000 pesos. Estos precios medios pueden variar al alza, según el lugar de fabricación.

¿Quién cubrirá estos costos? Si la persona presenta dos o más síntomas de Covid-19 (fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida del olfato, dificultad para respirar), las reglas garantizan el libre acceso al diagnóstico por tratarse de un caso sospechoso.

“El costo tanto de PCR, antígeno o serología indicada según los protocolos vigentes debe ser cubierto por servicios sociales equivalentes o unidades de prepago de medicamentos”, aseguró el Ministerio de Salud de Córdoba.

Y agregaron: “Si no tiene cobertura de salud, será responsabilidad del subsistema público. Esta obligación incluye la realización de pruebas diagnósticas (PCR y/u otras), transmisiones, medidas de aislamiento, estancias hospitalarias, etc.”.

Bajo esta directriz general, pueden surgir diferentes situaciones.

Con obra social en una institución privada

La obra social o prepaga debe cubrir el diagnóstico de PCR o antígenos a personas que presenten dos o más síntomas (caso sospechoso). La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) decidió esto mediante las Resoluciones 326/2020 y 1095/2020.

Desde la Provincia, señalan que si la institución manifiesta que la obra social o prepaga no lo cubre, el paciente puede pagarlo y solicitar una indemnización. O puede ir a un centro público y el estado factura la cobertura social.

Silvia Zamory, presidenta del Colegio de Bioquímicos de Córdoba, asegura que ha habido una larga «lucha» para que los proveedores asuman la responsabilidad que les corresponde. “La SSS ya ha dicho que debe cubrirse, pero la realidad es que nadie la obliga a hacerlo, por ejemplo, con sanciones”, dice.

Y asegura que la prueba de antígeno no está cubierta por casi ningúna obra social o prepaga, mientras que el 20% de los proveedores cubren PCR. «Es una injusticia para los pacientes y los profesionales que no pueden ampliar la oferta de diagnóstico», dice Zamory.

Con obra social en hospital público

La prueba es gratuita y la empresa estatal recupera el gasto a través del Nomenclador Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD). “Si la obra social se niega a realizar el pago, se remite la facturación al SSS o se inician acciones legales cuando corresponde”, detalla la Provincia.

Zamory agrega que dada la denegación de cobertura de los proveedores, muchas personas con obras sociales serán evaluadas en CPC y otros centros públicos. “El Estado se está quedando sin este recurso para garantizar la realización de pruebas a quienes no cuentan con obras sociales”, dice.

Algunas obras sociales ofrecen este servicio de diagnóstico gratuito, pero solo en algunos laboratorios y clínicas.

Sin obra social en institución privada

La Provincia ofrece exámenes a centros privados para cubrir a personas sin asistencia social. En el caso de que no se realicen más exámenes, la clínica debe derivar al paciente al sector público para recibir tratamiento, digamos de la Provincia.

También aclararon que es deber de cada contratista (tanto del sector público como del privado) notificar los casos sospechosos y confirmados, de acuerdo con la ley nacional 15.465.

Anticuerpos de contacto cercano

Después de siete días de aislamiento, los contactos cercanos deben someterse a pruebas serológicas de anticuerpos. Este test de covid-19 tiene la misma cobertura que la PCR y el diagnóstico de antígenos, siempre que lo indique el protocolo, aseguró la Provincia. Si no tiene síntomas, el contacto cercano no cubre el costo de la PCR o la prueba de antígeno.

Personas asintomáticas

La persona sin síntomas que quiera hacerse la prueba por diferentes motivos, por ejemplo, porque es un contacto cercano, o contacto por motivos laborales, debe pagar la prueba en particular.

Según el protocolo, las instituciones de salud piden a las personas que se van a someter a una cirugía que se hagan la prueba. Según Zamory, este diagnóstico puede cubrirse con la hospitalización del paciente.