¿Quién Debe Pagar los Test de Covid-19?: Obra social, Estado o Particulares

Las pruebas para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2 son un paso importante para enfrentar esta crisis de salud. Pero también son caras.

Una prueba de PCR (la más precisa para determinar si una persona está infectada) cuesta entre 4.500 y 5.000 pesos; los tests rápidos de covid de antígeno, 2000 mil pesos y el análisis serológico para determinación de anticuerpos también 2000 pesos. Estos precios medios pueden variar al alza, según el lugar de fabricación.

¿Quién cubrirá estos costos? Si la persona presenta dos o más síntomas de Covid-19 (fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida del olfato, dificultad para respirar), las reglas garantizan el libre acceso al diagnóstico por tratarse de un caso sospechoso.

“El costo tanto de PCR, antígeno o serología indicada según los protocolos vigentes debe ser cubierto por servicios sociales equivalentes o unidades de prepago de medicamentos”, aseguró el Ministerio de Salud de Córdoba.

Y agregaron: “Si no tiene cobertura de salud, será responsabilidad del subsistema público. Esta obligación incluye la realización de pruebas diagnósticas (PCR y/u otras), transmisiones, medidas de aislamiento, estancias hospitalarias, etc.”.

Bajo esta directriz general, pueden surgir diferentes situaciones.

Con obra social en una institución privada

La obra social o prepaga debe cubrir el diagnóstico de PCR o antígenos a personas que presenten dos o más síntomas (caso sospechoso). La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) decidió esto mediante las Resoluciones 326/2020 y 1095/2020.

Desde la Provincia, señalan que si la institución manifiesta que la obra social o prepaga no lo cubre, el paciente puede pagarlo y solicitar una indemnización. O puede ir a un centro público y el estado factura la cobertura social.

Silvia Zamory, presidenta del Colegio de Bioquímicos de Córdoba, asegura que ha habido una larga «lucha» para que los proveedores asuman la responsabilidad que les corresponde. “La SSS ya ha dicho que debe cubrirse, pero la realidad es que nadie la obliga a hacerlo, por ejemplo, con sanciones”, dice.

Y asegura que la prueba de antígeno no está cubierta por casi ningúna obra social o prepaga, mientras que el 20% de los proveedores cubren PCR. «Es una injusticia para los pacientes y los profesionales que no pueden ampliar la oferta de diagnóstico», dice Zamory.

Con obra social en hospital público

La prueba es gratuita y la empresa estatal recupera el gasto a través del Nomenclador Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD). “Si la obra social se niega a realizar el pago, se remite la facturación al SSS o se inician acciones legales cuando corresponde”, detalla la Provincia.

Zamory agrega que dada la denegación de cobertura de los proveedores, muchas personas con obras sociales serán evaluadas en CPC y otros centros públicos. “El Estado se está quedando sin este recurso para garantizar la realización de pruebas a quienes no cuentan con obras sociales”, dice.

Algunas obras sociales ofrecen este servicio de diagnóstico gratuito, pero solo en algunos laboratorios y clínicas.

Sin obra social en institución privada

La Provincia ofrece exámenes a centros privados para cubrir a personas sin asistencia social. En el caso de que no se realicen más exámenes, la clínica debe derivar al paciente al sector público para recibir tratamiento, digamos de la Provincia.

También aclararon que es deber de cada contratista (tanto del sector público como del privado) notificar los casos sospechosos y confirmados, de acuerdo con la ley nacional 15.465.

Anticuerpos de contacto cercano

Después de siete días de aislamiento, los contactos cercanos deben someterse a pruebas serológicas de anticuerpos. Este test de covid-19 tiene la misma cobertura que la PCR y el diagnóstico de antígenos, siempre que lo indique el protocolo, aseguró la Provincia. Si no tiene síntomas, el contacto cercano no cubre el costo de la PCR o la prueba de antígeno.

Personas asintomáticas

La persona sin síntomas que quiera hacerse la prueba por diferentes motivos, por ejemplo, porque es un contacto cercano, o contacto por motivos laborales, debe pagar la prueba en particular.

Según el protocolo, las instituciones de salud piden a las personas que se van a someter a una cirugía que se hagan la prueba. Según Zamory, este diagnóstico puede cubrirse con la hospitalización del paciente.

La Propuesta de La Oposición para Proteger las Jubilaciones en Rechazo a la Nueva Movilidad

El proyecto de movilidad pactado en el oficialismo generó un contrapunto con la oposición y representantes de la tercera edad.

En estos sectores, llegaron a cuestionar en las últimas horas la nueva fórmula desarrollada por técnicos ejecutivos que, de ser aprobada por el Congreso, afectará a 18 millones de titulares de jubilados, pensiones y asignaciones desde marzo.

Inspirada en el mecanismo vigente en 2008, se propone ajustes del 70% para el índice de compensación estable del Ministerio de Trabajo y del 30% para la recaudación tributaria de ANSES.

Los incrementos serán semestrales y tomarán estos indicadores con un rezago de tres meses, por lo que el primer incremento de marzo se deberá a los datos del último trimestre de 2020 (octubre-diciembre).

Así, se sustituirá la movilidad abolida, que se ajustaba trimestralmente en un 70% por inflación y un 30% por salarios. Según el proyecto, el objetivo es «volver a una actualización semestral que permita seguir un proceso de desindexación de la economía».

La fórmula también permite «restaurar el poder adquisitivo perdido durante los años 2018-2019» y «contribuir a la estabilidad macroeconómica sin ser un elemento desestabilizador».

Pero en la oposición rechazan la exclusión de la inflación del nuevo cálculo y el mayor peso que se le da a los salarios.

«Si el proyecto se envía en estos términos, no estamos de acuerdo en que se quite la variable de inflación que protege el poder adquisitivo. Hoy la fórmula (suspendida) tiene 70% de inflación y 30% de salario. Ya sabemos qué sube más», dijo el diputado de la UCR Alejandro Cacace.

La nueva fórmula de movilidad otorga un mayor peso a los salarios y vuelve a incluir la recaudación como variable de actualización.

El oficialismo asegura que los cambios están dirigidos a que los jubilados «tengan un aumento preservando el poder adquisitivo de la inflación». «El pronóstico de inflación en el presupuesto de 2021 es del 29% y los ingresos por jubilación alrededor del 32%», dijo el Diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto.

«En el mediano plazo, los salarios y los ingresos serán superiores a la inflación», agregó. El objetivo es aprobar los cambios antes de fin de año.

Sin embargo, incluir la recaudación en la nueva movilidad podría mitigar los incrementos. De hecho, resultó en una pérdida de poder adquisitivo de activos y servicios en 2016 debido a la caída de la actividad.

“Es otra mala idea porque a medida que crece el país se recauda más, pero en la recesión se recauda menos y se adapta a jubilados como ahora que ya perdieron poder adquisitivo”, dijo Cacace.

El Defensor de la Tercera Edad en Buenos Aires, Eugenio Semino, advirtió que el proyecto pactado «continúa el proceso de destrucción del haber jubilatorio» y que «la fórmula antigua-nueva no contempla la recomposición y toma en cuenta variables que van muy a la baja, como los salarios que se destruyen por el aumento del desempleo y los impuestos, principalmente el IVA, asociados con la caída del consumo».

El ejecutivo llegó a esta propuesta luego de 16 sesiones en la comisión bicameral del Congreso, a la que asistieron especialistas, jueces, sindicalistas y economistas invitados por el oficialismo y la oposición.

La comisión fue creada por la Ley de Solidaridad, que en diciembre del año pasado ordenó la suspensión de la movilidad, que había estado vigente hasta entonces, y aprobó aumentos por decreto para reemplazarla.

«Estamos a la espera de que se implemente un proyecto progresista que mejore la calidad de vida de los jubilados y beneficiarios, y que responda a la demanda de bienestar general, los principios de solidaridad, inclusión y redistribución de los ingresos», dijo Gabriel de Vedia, Fiscal de la Seguridad Social.

El proyecto oficial predice una bonificación en marzo para los activos más bajos si terminan muy por debajo de la línea de pobreza.

Según el proyecto, el gobierno otorgará una compensación a los titulares de una única jubilación mínima, Pensión Universal para los Adultos Mayores (PUAM), Pensión No Contributiva (PNC), Asignación Universal por Emparazo (AUE) y Asignación Universal por Hijo (AUH).

El incremento adicional no integrará los activos y se otorgará por decreto en marzo de cada año cuando la pérdida real de activos supere en un 10% la diferencia entre movilidad y la canasta básica total del INDEC.

En este sentido, Semino apuntó que “la fórmula no es solo para jubilaciones y pensiones sino también para subsidios que paga la Anses. Esto muestra la consolidación de la tendencia a considerar la pensión más como un subsidio que como un derecho previsional”.

Y se mostró escéptico ante la decisión del Ejecutivo de otorgar a partir de 2021 «un bono por retraso de inflación que no se integra a los haberes previsionales.

“Con los ajustes a la baja realizados hasta ahora más el resto de diciembre, que también será a la baja, vemos que durante este período se perderá entre el 15% y el 20% del monto del haber”, dijo el defensor porteño de la tercera edad.

Finalmente, enfatizó que 2017 perdió 6 puntos por la combinación de la fórmula y 19,5% en 2018 y 2019, por lo que se pierde el 50% acumulado en los últimos tres años.

Casaretto dijo el mes pasado que «entre 2008 y 2015 los activos batieron precios por el crecimiento de la actividad y entre 2017 y 2019 perdieron un 19%». Y sobre los efectos negativos del cambio de fórmula, aseguró que el gobierno «no pagará las facturas que dejó Macri», mientras proyecta aumentos de las pensiones «por encima de la inflación».